El boletín mensual de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile (ADAD) tiene por objeto difundir las novedades más relevantes del Derecho Administrativo chileno consistentes en sentencias, dictámenes, libros o artículos recientes, eventos y convocatorias.
Este número contiene una recopilación de normativa y jurisprudencia emitida durante el mes de abril, como también de comentarios y publicaciones correspondientes al mismo periodo.
El presente número fue confeccionado por Vicente Bustos Sánchez, Juan Ignacio Johnson Narváez, Catalina Rojas Quidequeo, Javiera Rodríguez Alegría, Celin Sánchez Varas, Joaquín Schäfer Rodríguez y Lucas Vera Celis.
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Normativa destacada
Ley Nº 21.435 (publicada el 6 de abril), que reforma el Código de Aguas modificando y agregando diversas disposiciones.
Decreto Nº 19, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (publicado el 4 de abril), que aprueba Reglamento de la Ley Nº 21.378 que establece monitoreo telemático en las Leyes Nº 20.066 sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar y Nº 19.968 que crea los Tribunales de Familia.
Decreto Nº 118, del Ministerio de Relaciones Exteriores (publicado el 5 de abril), que promulga el Código Internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de Graneleros y Petroleros.
Decreto Nº 87, del Ministerio de Relaciones Exteriores (publicado el 8 de abril), que promulga el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), relativo al Proyecto: “Establecimiento de una Red de Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional (Sipan)”.
Decreto Nº 120, del Ministerio de Relaciones Exteriores (publicado el 8 de abril), que promulga el Acuerdo entre Chile y Argentina sobre el Protocolo Adicional Específico al Tratado acordado por ambas partes sobre Integración y Complementación Minera para la Etapa de Prospección y/o Exploración del Proyecto Minero Los Azules.
Decreto Nº 178, del Ministerio de Relaciones Exteriores (publicado el 8 de abril), que promulga el Acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el Proyecto: “Marcos de acción e innovación para avanzar hacia el desarrollo integral y sostenible”
Decreto Nº 51, del Ministerio de Relaciones Exteriores (publicado el 8 de abril), que promulga el Acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) referente al Proyecto: “Actualización del Plan Nacional de Adaptación para el Sector Silvoagropecuario”.
Decreto Nº 29, del Ministerio de Relaciones Exteriores (publicado el 8 de abril), que promulga Acuerdo entre la República de Chile y la República de Argentina, adoptado por canje de Notas, que modifica Acuerdo, suscrito por las Partes, sobre el establecimiento del control integrado de frontera en el Paso San Sebastián.
Decreto Nº 2, del Ministerio de Relaciones Exteriores (publicado el 9 de abril), que promulga el Acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) referente al Proyecto: “Asistencia para el Fortalecimiento de la Capacidad Nacional de la República de Chile para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada”.
Decreto Nº 7, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (publicado el 12 de abril), que modifica el Decreto Supremo Nº 277, de 2013, del Ministerio de Educación que fija el Reglamento de la Ley Nº 17.336 sobre propiedad intelectual, reemplazando el artículo 5º.
Decreto Nº 443, del Ministerio de Hacienda (publicado el 12 de abril), que aprueba la eximición de la aplicación del mecanismo de selección de los altos directivos públicos y de lo dispuesto en los incisos primero a cuarto del artículo 57 de la Ley Nº 19.882 al cargo de Director de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, de Primer Nivel Jerárquico, afecto al sistema de Alta Dirección Pública.
Decreto Nº 38, del Ministerio de Salud (publicado el 13 de abril), que declara Alerta Sanitaria en las regiones de Los Lagos y de Aysén, con el fin de enfrentar la emergencia proveniente de la distribución de mariscos contaminados a causa de la Marea Roja. Además, otorga Facultades Extraordinarias de acuerdo a las necesidades de la emergencia.
Decreto Nº 116, del Ministerio de Defensa Nacional (publicado el 14 de abril), que modifica Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 63, de 2008, del mismo Ministerio sobre Seguridad, Protección de la Aviación Civil contra Actos de Interferencia Ilícita (DAR 17).
Decreto Nº 11, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (publicado el 18 de abril), que prorroga, hasta el 31 de diciembre del presente año, la autorización a la Dirección General de Carabineros para otorgar Gratificación Especial de Riesgo para el personal de Nombramiento Supremo e Institucional de Fila de Orden y Seguridad de Carabineros. Gratificación otorgada por el Decreto Nº 486, de 24 de septiembre de 1993, del Ministerio de Defensa Nacional y sus prórrogas posteriores.
Decreto Nº 135, del Ministerio de Relaciones Exteriores (publicado el 19 de abril), que promulga las Enmiendas a los Anexos del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, y su protocolo de 1978.
Decreto Nº 75, del Ministerio de Relaciones Exteriores (publicado el 20 de abril), que aprueba Reglamento que regula el otorgamiento de viáticos en el marco de la facultad establecida en el numeral 13 del artículo 14 de la Ley Nº 21.080.
Decreto Nº 146, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (publicado el 20 de abril), que modifica el Decreto Supremo Nº 837, de 2010, del mismo Ministerio, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 20.430, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, reemplazando el artículo 37 y eliminando el artículo 37 bis.
Decreto Nº 2.068, del Ministerio de Hacienda (publicado el 21 de abril), que aprueba Reglamento que regula la Aplicación del Sistema de Evaluación de Programas e Instituciones Públicas establecido en el artículo 52 del Decreto Ley Nº 1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado.
Decreto Nº 71, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (publicado el 23 de abril), que nombra Ministros y Ministras de Estados de la nueva Administración.
Decreto Nº 130, del Ministerio de Relaciones Exteriores (publicado el 25 de abril), que promulga el Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del Proyecto “Fortalecimiento para la Defensa en Sistemas de Estadísticas, Registros de Datos y Capacitaciones en Litigación Oral".
Decreto Nº 131, del Ministerio de Relaciones Exteriores (publicado el 25 de abril), que promulga el Acuerdo Complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del Proyecto "Fortalecimiento y Modernización en el Área de Innovación y Competitividad".
Decreto Nº 126, del Ministerio de Defensa Nacional (publicado el 27 de abril), que modifica el Decreto Supremo Nº 214, de 2015, del mismo Ministerio, que aprueba el Reglamento General de Deportes Náuticos y Buceo Deportivo.
Jurisprudencia judicial
SCS Rol Nº 8.876-2022 (4.4.2022) | La Corte Suprema revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acogió reclamación de legalidad interpuesta por la Compañía Eléctrica del Litoral S.A., deducida en contra de una orden de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de no cobrar el consumo de particulares. La Corte señaló que al haberse iniciado un procedimiento de invalidación del acto cuya juridicidad estaba siendo revisada ante la Corte de Apelaciones, la entidad fiscalizadora obró contra el ordenamiento jurídico al infringir el deber de abstención frente a un asunto litigioso, lo que tiene por objeto evitar una revisión paralela.
SCS Rol N° 69.764-2021 (5.4.2022) | La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto por el Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O’Higgins, acogiendo demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio. La Corte señaló que un error negligente en la administración de un medicamento, el cual generó una sobredosis y posterior muerte del paciente, como también errores en el proceso de atención, comprometen la responsabilidad del Servicio y le obligan a indemnizar por los daños ocasionados.
SCS Rol N° 58.331-2021 (6.4.2022) | La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo por el cual se intentaba anular una multa dictada por la Seremi de Salud del Biobío en contra de un particular. La Corte determinó que si existe una regulación especial que determine cómo debe tramitarse el reclamo, en este caso por medio de un procedimiento sumario, resulta improcedente la acción de nulidad de derecho público, ya que esta última reviste características que hacen necesario un procedimiento de lato conocimiento. Según la Corte, la ilegalidad de un acto administrativo debe ser solicitada a través de la acción especial destinada legalmente al efecto, pero no a través del ejercicio de una segunda acción (de nulidad de derecho público) dentro del mismo procedimiento.
SCS Rol N° 49.509-2021 (7.4.2022) | La Corte Suprema acogió una acción de protección interpuesta por la recurrente en contra de Gendarmería de Chile, que esgrime como acto ilegal y arbitrario la excesiva tardanza en la tramitación de sumario, que expone a la funcionaria al retiro absoluto. La Corte Suprema señaló que se incumple la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la sustanciación del sumario administrativo seguido en contra de la actora, por más de seis meses, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Finalmente, la Corte ordenó que Gendarmería emita, a la brevedad, el pronunciamiento definitivo respecto del sumario administrativo instruido en contra de la recurrente dentro del plazo máximo de 90 días desde la notificación de la sentencia.
SCS Rol N° 49.178-2021 (18.4.2022) | La Corte Suprema, en sentencia de reemplazo, acogió demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio, condenando a la municipalidad de Vicuña al pago de los daños sufridos por un accidente en un colegio municipal donde un niño sufrió la amputación de un dedo. La Corte señaló que la responsabilidad por falta de servicio derivó del incumplimiento de obligaciones de orden contractual que nacen desde que el niño fue matriculado en el establecimiento, obligaciones que incluyen deberes de cuidado que fueron incumplidos y, consecuentemente, obligan al municipio a responder.
SCS Rol N° 78.850-2021 (18.4.2022) | La Corte Suprema rechazó recurso de casación en el fondo deducido por la empresa "Inmobiliaria de Desarrollo Industrial Batuco” en contra de una sentencia que rechazó su reclamo en contra de la invalidación de un permiso de edificación. La Corte respaldó la invalidación administrativa pues los mismos recurrentes habían incurrido en un error en su solicitud original. La Corte consideró conformes a derecho las invalidaciones realizadas por la DOM dado que la elección del formulario para individualizar la solicitud determina el procedimiento y requisitos a cumplir y, más importante aún, las consecuencias jurídicas que se seguirán de la autorización que, eventualmente, emanara de la DOM.
SCS Rol Nº 97.134-2021 (18.4.2022) | La Corte Suprema revocó sentencia apelada y acogió recurso de protección deducido por representante de conjunto habitacional en contra del Servicio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial y Municipalidad, todos de la región de Arica y Parinacota, debido a la existencia de una ocupación ilegal de un bien nacional de uso público, parcialmente en propiedad del SERVIU. La Corte señaló que si bien existía una perturbación permanente en las condiciones de vida y amenaza a la seguridad, integridad física y salud de la recurrente, existe un conflicto social relativo a la necesidad de acceder a una vivienda, por lo que el presente caso no puede ser resuelto mediante un recurso de protección, pues la solución del conflicto le corresponde a la autoridad administrativa.
SCS Rol Nº 88.713-2021 (18.4.2022) | La Corte Suprema confirmó una sentencia que acogió un recurso de protección deducido por un particular en contra del Hospital de Carabineros. El recurrente, un hombre transgénero en tratamiento hormonal desde 2017, esperaba la realización de una histerectomía abdominal postergada debido a la inexistencia de un protocolo de atención para personas transgénero. La Corte señaló que la identidad de género constituye un derecho fundamental implícito, en cuanto es un elemento inherente a la dignidad humana que deriva del derecho a la igualdad ante la ley, por lo que al dilatar la operación se ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal vulneratorio de las garantías constitucionales.
SCS Rol 12.457-2021 (18.04.2022) | La Corte Suprema, en sentencia de reemplazo, acogió una reclamación en contra de una multa aplicada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana. La reclamante alegaba una vulneración del principio non bis in ídem, dado que la Dirección del Trabajo había aplicado multas fundadas en los mismos hechos. La Corte sostuvo en su pronunciamiento que, en primer lugar, desde la perspectiva material del non bis in ídem, se prohíbe la aplicación de dos o más sanciones, en uno o más órdenes punitivos, si concurre identidad de sujeto, hecho y fundamento; y en segundo lugar, que la perspectiva procedimental de la prohibición consiste en la imposibilidad de llevar a cabo procesamientos múltiples, sea en uno o más órdenes jurídicos sancionadores, por el o los hechos, por los sujetos y fundamentos sobre los que ha recaído sentencia ejecutoriada absolutoria o condenatoria.
SCS Rol N° 82.462-2021 (19.4.2022) | La Corte Suprema acogió recurso de protección deducido por un grupo de personas denominadas “víctimas de la violencia rural” pertenecientes a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, en contra del Delegado Presidencial Regional del Biobío y del Delegado Presidencial Provincial de Arauco, ordenando a las autoridades recurridas que un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos a causa del incumplimiento de la obligación de garantizar el orden público y la seguridad pública interior, afectando estos actos su integridad física, psicológica y su derecho de propiedad.
SCS Rol N° 4.635-2022 (20.4.2022) | La Corte Suprema confirmó una sentencia que acogió un reclamo de ilegalidad presentado por Trivento SpA en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sólo en cuanto dejó sin efecto la resolución que rechazó la reposición administrativa, sin perjuicio de la potestad de la autoridad recurrida, para incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere procedente. La Corte Suprema señaló que, si bien reconoce la expresa potestad de la Superintendencia de Electricidad y Combustible de adoptar las medidas tendientes a corregir las deficiencia que observare, en pos de la normativa objeto de su competencia, su ejercicio debe también ceñirse a los principios que gobiernan el debido proceso administrativo, los cuales han sido infringidos en este caso, particularmente el principio de congruencia y el de contradictoriedad. Finalmente, la Corte Suprema señaló que si bien resultaba posible una revisión amplia de todos los antecedentes, las eventuales deficiencia que se detectaren y que excedieren el particular objeto del procedimiento, debían ser puestas de manera previa en conocimiento de las partes, a fin de que éstas manifiesten las alegaciones pertinentes en abono de sus pretensiones, ya que de esta manera se logra conciliar las amplias potestades concedidas por el artículo 3 N° 36 de la Ley Orgánica N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles estableciendo sus funciones y ámbitos de competencia, con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
Jurisprudencia administrativa
Dictamen Nº 202.200 CGR (7.4.2022) | La Contraloría señaló que las nuevas contrataciones a honorarios, esto es, de personas que no tenían un contrato a honorarios vigente al 31 de diciembre de 2021, y que fueron suscritas o se comenzaron a prestar los servicios antes de la emisión del dictamen N° 173.171, de 2022, resultaron procedentes, sin que les sea aplicable este último pronunciamiento
Dictamen Nº 202.558 CGR (8.4.2022) | La Contraloría indicó que el oficio circular N° 332, de 2017 (DDU 371), de la División de Desarrollo Urbano, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que consigna, en lo atingente, que en los casos de permisos de urbanización que regula la legislación vigente, los sitios o lotes resultantes deben tener acceso a un “espacio público, esto es un bien nacional de uso público”, se ajusta a derecho al indicar la exigencia de enfrentar un bien nacional de uso público en los permisos de urbanización.
Dictamen Nº 204.263 CGR (14.4.2022) | La Contraloría señaló que, acorde con lo establecido en el Decreto Ley N° 3.356, de 1980, no corresponde otorgar la autorización para portar armas de fuego a quienes tienen el grado de mayor, en situación de retiro, de Carabineros de Chile.
Dictamen Nº 205.653 CGR (20.4.2022) | La Contraloría dictaminó que no procede que el personal a contrata de la Fuerza Aérea de Chile constituya una asociación de funcionarios, de acuerdo con lo indicado.
Dictamen Nº 205.658 CGR (20.4.2022) | La Contraloría indicó que la declaración de zona de escasez hídrica habilita a la Dirección General de Aguas para autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento.
Dictamen Nº 208.180 CGR (28.4.2022) | La Contraloría impartió instrucciones sobre el plebiscito de salida señalado en el artículo 142 de la Constitución Política de la República.
Dictamen Nº 208.638 CGR (29.4.2022) | La Contraloría dictaminó que corresponde a la jefatura superior del servicio designar al personal de su dependencia a través de la emisión de un acto administrativo. Asimismo, añadió que importa un potencial conflicto de intereses que en la dirección que se indica presten asesorías personas que se desempeñen para un organismo privado cuyo campo de acción sea el de la anotada dirección.
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
STC Rol Nº 11.150-2021 (6.4.2022) | El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 5º, inciso segundo, y 28, inciso segundo, de la Ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública. El conflicto constitucional en autos consistió en que Carabineros de Chile estimaba que dichas normas vulneraban el artículo 8º de la Constitución. Lo anterior, dado que, si bien las actuaciones de la Administración son públicas, en ningún caso, se encontrarían comprendidas las grabaciones de las cámaras corporales de los funcionarios de Carabineros. El Tribunal Constitucional recordó que el principio de transparencia no hace público todo lo que el Estado tenga o posea, sino solo los actos y resoluciones de sus órganos. Asimismo, indicó que el agotamiento de la vía administrativa del artículo 28 de la Ley Nº 20.285 resulta inconstitucional por afectar el debido proceso. Los ministros que estuvieron por rechazar la acción indicaron que los principios no son reglas de interpretación restrictiva, salvo que se les desconozca su condición de tales. Asimismo, recordaron que la actividad policial corresponde a un acto de un órgano de la Administración del Estado.
STC Rol N° 10.999-2021 (6.4.2022) | El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad sobre el artículo 15 inciso segundo de la Ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. La subvención es una manifestación de la potestad administrativa de fomento del Estado, que consiste en la transferencia en dominio a fondo perdido de determinados valores dinerarios hacia entidades privadas, con el objetivo de que sean destinados por éstas a la consecución de un fin público. El embargo trabado sobre fondos de subvención escolar no es sino concreción del derecho de prenda general de los acreedores, ejercido sobre un bien que no tiene carácter de inembargable. La creación de una inembargabilidad especial para los fondos constitutivos de la subvención escolar dejaría al trabajador ejecutante en situación de desprotección frente al deudor, comprometiendo su derecho de propiedad. Los ministros que estuvieron por acoger la acción señalaron que la finalidad de las subvenciones, que es el mejoramiento de la actividad educativa que reciben los alumnos, no se encuentra satisfecha por el pago forzado de obligaciones adeudadas a personal que ya no presta servicios efectivos en la entidad educacional, afectando el derecho a la educación de los alumnos.
STC Rol N° 9.097-2020 (21.4.2022) | El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad en contra del artículo 26 letra c), párrafo primero oración final del Decreto Ley N° 211, que fija normas para la defensa de la Libre Competencia. En el ámbito de la libre competencia, la solidaridad pasiva opera como un mecanismo de afianzamiento de la responsabilidad personal del pago de la multa impuesta, y no constituye una sanción, la que se agota en la multa impuesta a la persona jurídica. El ministro que estuvo por acoger la acción señaló que la solidaridad pasiva representa una respuesta del Estado que irroga un gravamen a quien ha cometido un acto censurable y que importa un beneficio pecuniario para el fisco. Así las cosas, en autos se determinan responsabilidades que comparten una naturaleza y función similar, conllevando una carencia de racionalidad y justicia procedimental que constituye una infracción constitucional.
STC Rol Nº 11.560-2021 (26.4.2022) | El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo único, incisos decimosegundo, decimotercero y decimocuarto de la Ley N° 21.330, de reforma constitucional que establece un tercer retiro de fondos previsionales y anticipo de rentas vitalicias. El conflicto constitucional guarda relación con la aplicación de la ley que, por la vía de agregar una disposición transitoria a la Constitución, pretende desconocer características y efectos esenciales de contratos celebrados de seguros de renta vitalicia. El Tribunal Constitucional destacó los siguientes puntos: el respeto al orden público institucional; que en Chile no existen derechos en condiciones pasivas; que si el Tribunal puede inaplicar una ley, con mayor razón puede censurar un acto legislativo que vulnera derechos fundamentales; que la Ley N° 21.330, más que una reforma constitucional, implica una variación a contratos en curso, y que, transfigurar contratos de seguros de renta vitalicia, afecta la eficacia real del derecho a la seguridad social que le asiste a sus beneficiarios. Los ministros que estuvieron por rechazar la acción, dentro de su argumentación, destacaron que el Tribunal es incompetente para conocer de la acción en este proceso, dado que no es posible desconocer la naturaleza constitucional del precepto impugnado.
Comentarios
Alejandro Cárcamo | La mantención del orden y la seguridad o tranquilidad pública como deber prioritario del Estado (Blog ADAD).
Mauricio Duce | Diseño institucional deficiente del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública (El Mercurio Legal).
Alejandro Vergara | Prórroga y término anticipado del empleo público a contrata: recuento de vacilaciones y técnica del “distinguir” (Parte IV) (El Mercurio Legal).
Luis Cordero | Un límite adicional a la invalidación (El Mercurio Legal).
Publicaciones
Alejandro Vergara | El derecho administrativo ante la jurisprudencia (Thomson Reuters).
Sonia Zuvanoch y Alejandro Vergara (editores) | Empresas públicas. Régimen jurídico. Actas de las XIV Jornadas de Derecho Administrativo (Thomson Reuters).
Eduardo Soto | Derecho administrativo, Tomo I. Principios, Fundamentos y Organización (Thomson Reuters).
Flavio Quezada | Espacios jurídicos transnacionales en la formación del derecho administrativo: Adolfo Posada y Valentín Letelier (Revista de Derecho Público. Teoría y Método).
Convocatorias
Convocatoria de artículos ReDAE (permanente).